Ya detectaron 83 empleados públicos con certificados médicos truchos y analizan más casos
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza informó hoy detalles de la investigación y la causa judicial en la que uno de los denunciados es empleado estatal y será desafectado. Después de ser procesados siguieron vendiendo certificados.
Por Leonardo Kram
“Estamos revisando cajas y cajas de certificados a ver donde llegamos con esto”, empezó el director de Recursos Humanos de la provincia Alberto Sibert, en una conferencia de prensa en la que acompañó al fiscal de Estado Víctor Endeiza para dar a conocer la investigación por documentos apócrifos que presentaron empleados de la administración pública para obtener días de licencia médica.
“Estaba bastante aceitado”, aportó Endeiza sobre el mecanismo de permisos montado por un empleado público y su pareja. En la investigación interna que llevó adelante el Gobierno se hicieron pasar por un empleado y relevaron que un certificado por tres días de licencia tenía un precio de $8 mil. “Lo mandaban por delivery también”, agregó el funcionario.
De los 83 certificados truchos, en su mayoría de dos o tres días y repetidos por la misma persona en excesivas cantidades, hay nueve de personal docente, 10 de seguridad, 12 de carrera sanitaria y el área de salud y 52 que pertenecen al escalafón general.
El empleado falsificador, que también aplicó la maniobra para si mismo, usó las firmas y nombres de tres médicos que las autoridades aseguraron no tienen relación con el delito. Uno de ellos reside en Villa de Merlo hace 10 años y no trabaja en la capital, de donde surgió la investigación. Para disimular, solían cambiar el número de matrícula y nombres en algunos casos.
“Todavía no sabemos si esto cierra en 83. Esto es una cosa preliminar. Nos faltan revisar varias cajas de certificados”, aclaró el funcionario. El empleado investigado es de planta permanente y ya es investigado en la Justicia por una causa similar pero en el ámbito privado.
Sibert dijo que están analizando las medidas que tomarán para este trabajador y quienes usaron los certificados. El funcionario contestó que evalúan “proceder y descontar los haberes de las personas que lo presentaron, que sabían que lo estaban comprando y no que estaban realmente en un consultorio”.
Los funcionarios confirmaron que los allanamientos realizados el mes pasado en la zona sur de la ciudad estuvieron relacionados con el caso y que motivó la difusión y avance en la investigación de que a pesar de ser investigados por una causa privada, la pareja continuaba emitiendo los certificados.
“Nosotros nos presentamos en ese mismo expediente y ampliamos la denuncia porque el caso anterior el damnificado era una empresa privada. Y nos presentamos porque el estado es la víctima, quien paga los salarios indebidamente”, dijo Endeiza.
El próximo martes 26 habrá una ampliación de la audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal de Estado pedirá que el empleado sea imputado por falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio a la administración.
“Esta gente había sido allanada y lo siguieron haciendo. Es realmente indignante, como una burla a la Justicia, que aún después de estar acusados formalmente seguían porque lo verificamos esta semana”, remarcó.
“Aparte de la escala penal que es grave por la reiteración también es el hecho de que una vez que has sido imputado, manifiesta peligrosidad el no someterse a la Justicia. Ya vimos que retándolo o procesándolo no alcanza, merece algo más grave”, concluyó el fiscal, que dijo que pedirá prisión para los involucrados.